La Suprema Corte de Justicia ha emitido una resolución histórica al ordenar la liberación total de Juana Hilda González Lomelí, quien permaneció casi 20 años en prisión acusada falsamente del secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace, hijo de la recientemente fallecida activista Isabel Miranda de Wallace. El fallo, redactado por el ministro Alfredo Gutiérrez, desmantela uno de los casos más emblemáticos de corrupción judicial en México, al demostrar que las acusaciones contra González fueron producto de tortura y pruebas fabricadas.
Esta sentencia marca un cierre significativo en la trayectoria del actual máximo tribunal, que será reemplazado en septiembre por una nueva Corte conformada por jueces electos por voto popular. A pesar de las fuertes presiones de la Fiscalía General para aplazar la decisión y dejarla en manos de los nuevos magistrados, el proyecto fue aprobado por mayoría en la Primera Sala, con cuatro votos a favor y uno en contra, este último del ministro Jorge Pardo, quien expresó dudas sobre la culpabilidad de González.
Juana Hilda fue condenada a casi 80 años de prisión tras una declaración autoinculpatoria que, según la Corte, fue obtenida bajo coacción y amenazas de agentes ministeriales. Antes de esa confesión forzada, ya había negado su participación en los hechos. La resolución sostiene que tanto ella como otros acusados, como Brenda Quevedo, fueron víctimas de un montaje promovido por Isabel Miranda, con apoyo de funcionarios públicos.
El fallo señala que las autoridades irrumpieron en el domicilio de González sin encontrar evidencia relevante. Fue solo después de la confesión obtenida bajo tortura que “descubrieron” pruebas incriminatorias, como una licencia de conducir y una supuesta mancha de sangre en una bañera. La Corte resalta que ni la Fiscalía ni los jueces previos atendieron las denuncias de tortura que la mujer presentó en su momento.