En un debate marcado por posturas divididas, el Senado de la República aprobó en lo general, con 110 votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones, la prohibición del uso y comercio del fentanilo, así como de los vapeadores. La reforma busca combatir el tráfico ilícito de esta droga sintética y regular productos considerados nocivos para la salud.
Aunque la mayoría de los legisladores coincidieron en la necesidad de enfrentar el problema del fentanilo, el tema de los vapeadores generó controversia. La oposición argumentó que su consumo no debe prohibirse, sino regularse. Carolina Viggiano, senadora del PRI, señaló: “Vamos a apoyar todas las acciones para combatir el fentanilo, pero no estamos de acuerdo en colocar a los vapeadores al mismo nivel. No tiene relación una cosa con la otra”. Además, comparó la situación con la regulación del alcohol y el tabaco, cuyo consumo está permitido bajo restricciones.
Por su parte, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín (PVEM) justificó la intervención del Estado en el caso de los vapeadores debido al descenso en la edad promedio de inicio de consumo, que ha pasado de 14 a 12.6 años. “El Estado debe intervenir cuando se trata de proteger a niños de 12 años que están consumiendo nicotina vaporizada”, señaló.
En contraste, el panista Ricardo Anaya cuestionó el uso de la reforma constitucional como un mensaje político a Estados Unidos y al próximo presidente Donald Trump. “La crisis del fentanilo no es mexicana, es gringa. ¿Por qué reformar nuestra Constitución para enfrentar un problema que no es nuestro? Existen muchas otras drogas peligrosas”, comentó.
La reforma aprobada modifica los artículos 4 y 5 de la Constitución para garantizar el derecho a la protección de la salud, sancionando actividades relacionadas con cigarrillos electrónicos, vapeadores, fentanilo y otras sustancias sintéticas no autorizadas. También prohíbe la producción, distribución y comercio de estos productos.
La iniciativa, enviada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador en febrero, establece que el Congreso y las legislaturas locales deberán armonizar las leyes correspondientes en un plazo de 180 y 365 días, respectivamente.